Resumen: Recurre la empresa la nulidad del despido judicialmente declarada por entender que la sanción (por injustificado bajo rendimiento) impuesta al trabajador se fundamenta en el trato discriminatorio y contrario al derecho a la integridad física de quien vió resuelta su relación de trabajo por una ilícita causa estigmatizante cual es la de que podía estar infectada por el Covid. Partiendo del principio de preclusión probatoria vinculado a la incomparecencia de la empresa al acto de la vista, y en respuesta a la única causa a la que el Juzgador vincula su declaración de nulidad (que no es tanto la mayor o menor duración de la enfermedad sino el origen de la misma) se remite la Sala a los distintos (y no coincidentes) pronunciamientos de suplicación sobre la cuestión debatida en la litis para concluir confirmando (desde la condicionante dimensión que ofrece un incombatido relato) la existencia de indicios ciertos de la vulneración denunciada por quien ve extinguida su preexistente relación de trabajo en (práctica) temporal coincidencia con el inicio de su proceso de IT bajo un diagnóstico (COVID-19). Atendiendo tanto al contexto temporal en que aquella se produce como a la advertida circunstancia de no haberse siquiera intentado acreditar la realidad del incumplimiento imputado se ratifica la nulidad del despido en aplicación al caso de una doctrina constitucional que considera la enfermedad como estigmatizante factor de discriminación.
Resumen: Parte la recurrente de que no se ha producido mejoría respecto a la fecha en la que se le reconoció la IPT que permita dejar sin efecto la misma y para ello se remite al dictamen pericial privado. En primer lugar, debe decirse que, según reiterada doctrina jurisprudencial, el hecho de que una persona decida no operarse de una dolencia padecida no puede suponer que no pueda reconocérsele una incapacidad permanente. Es decir, la actora tiene derecho a decidir someterse o no a una intervención quirúrgica, por múltiples razones, y pese a ello, habrá de valorarse la situación que presenta sin que esta negativa, de haberse producido, sea causa automática para revisar por mejoría una incapacidad permanente total reconocida en su día. Por otro lado, no queda fehacientemente acreditado que solo se hubiera concedido la incapacidad permanente total en espera de la intervención quirúrgica. En segundo lugar, no estamos ante un reconocimiento de inicio, sino que estamos ante la decisión de si ha habido una mejoría que permita la revisión. Por tanto, lo que ha de realizarse ahora es la comparación de las dolencias y sobre todo de las limitaciones padecidas por la actora en el año 2019 y las que presenta en 2020 a la fecha de la revisión. En el hecho probado octavo, del que no se ha interesado la revisión, se recoge que la que la actora sigue presentando una gran hernia discal extruida en C6-C7, igual que en 2019, que en la actualidad le produce molestias cervicales.
